Integrantes del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local exigieron la aprobación de una Política Educativa y Programa Estatal Contra la Trata Personas en todas las secundarias y preparatorias de Estado, donde se desarrollen procesos de prevención de las víctimas, consumidores y explotadores.
En rueda de prensa, los integrantes de la asociación civil advirtieron que esperarán un tiempo prudente para que este sea presentado, de lo contrario estarían promoviendo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para visibilizar la omisión.
La directora de la de la asociación civil
La directora de la asociación civil, Alejandra Méndez Serrano, aseguró que el Ejecutivo Estatal a través de distintos canales de comunicación, le informó al Centro que dicho Programa se aprobaría en el marco del Día Internacional de la Mujer celebrado el pasado 8 de marzo, así que aún está en tiempo de poder concretar esa importante acción.
Exigieron la implementación de una política educativa en todas las secundarias y preparatorias del Estado, desde donde se desarrollen procesos de prevención de las víctimas, consumidores y explotadores.
La Presidenta del Centro Fray Julián, junto con representantes de más organizaciones sociales que conforman la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas, dieron a conocer los resultados del diagnóstico estatal de la trata en Tlaxcala que se levantó a través de 930 encuestas aleatorias entre octubre y noviembre de 2017, el cual arrojó, entre otras cosas, que el 92.4 por ciento de las personas reconocieron saber que en la entidad se explota sexualmente a las mujeres y niñas o se les lleva a otros Estados para ser explotadas.
Que en 40 municipios se practica algún tipo de explotación sexual; el 34.1 por ciento de los encuestados reconoció que en su municipio de residencia existen actualmente la trata de mujeres y niñas; 43.5 por ciento considera que ha aumentado la existencia de bares, centros nocturnos, moteles, casa de citas, cantinas, carreteras, casas de vecinos, restaurantes, tiendas u otros donde obligan a prostituirse a mujeres y niñas en su municipio; y el 26.7 por ciento reconoció que en sus municipios existen menores de edad que quieren ser tratantes; entre otros datos reveladores de la situación.
“La situación mostrada en el diagnóstico de percepción resulta sumamente grave, pues es claro que sigue aumentando el impacto de esa problemática en los municipios del Estado, sin que exista una aplicación de políticas públicas eficaces. La ineficacia gubernamental no solo hay impactado en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, sino que es, además, causa del agravamiento en la desaparición de mujeres”, acotó Méndez Serrano.
Agregó que la propuesta de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas, es que haya un mecanismo de vigilancia desde la sociedad civil para dar seguimiento puntual al actuar de las autoridades y no haya omisiones ni simulaciones.