El Senado aprobó en lo general ambos dictámenes con el propósito de eliminar los privilegios de la clase política y decomisar los bienes y recursos de procedencia ilícita.
Legisladores de la Cámara de Senadores aprobaron este lunes la Ley Nacional de Extinción de Dominio con 109 votos a favor. La senadora del Estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, quien trabajó en el estudio y evaluación de esta minuta a través de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la cual preside, presentó el dictamen en el pleno y se pronunció a favor de esta minuta que tiene por objeto unificar los procesos para que el Estado pueda decomisar bienes y recursos de procedencia ilícita o que hayan sido utilizados para cometer algún delito.
La senadora de morena, aseguró que no tiene duda “de que la ley que se propone es un instrumento jurídico y eficaz para el combate a la delincuencia y a la inseguridad”. Asimismo afirmó que el proyecto garantiza la seguridad jurídica de toda persona “al establecer con precisión cuáles serán los hechos ilícitos que darán lugar a la acción de extinción de dominio” en conformidad con el artículo 22 constitucional, dentro de los que se encuentra hechos de extorsión, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos ¬–huachicoleo-.
Por otro parte, esta ley busca dar al Estado nuevas facultades para decomisar bienes y recursos vinculados a las ya mencionadas actividades criminales.
En cuanto a la Ley Federal de Austeridad Republicana aprobada este martes con 74 votos en favor y 29 abstenciones después de una larga discusión que se prolongó hasta las 7:00 am, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda – comisión encargada de analizar y evaluar la minuta de dicha ley junto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público-, mencionó que la austeridad republicana se entiende como “una directriz política que obliga al gobierno a combatir la desigualdad social y la corrupción, y a garantizar que los bienes y recursos nacionales sean administrados conforme a los principios constitucionales”, puntualizó Rivera Rivera.
Dentro de las principales disposiciones de la ley se contempla la eliminación de privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos y de vida, así como el otorgamiento de pensiones de retiro para expresidentes distintas de aquellas estrictamente relacionadas con el régimen de seguridad social. Además suspende la creación de plazas en dependencias del gobierno con la finalidad de evitar el engrosamiento en el aparato burocrático.
Por último, la senadora de morena y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda destacó que con esto se obtendrán ahorros que se dirigirán “al verdadero servicio de la sociedad con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez”.