Ana Lilia Rivera a favor de la transparencia y la paridad de género en el sector público

Ambos proyectos son vitales para la construcción de una nueva administración pública con enfoque de género, cuya prioridad es combatir todas las formas de violencia, así como promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos del país: Ana Lilia Rivera.

Durante la Reunión de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Primera realizada el martes 3 de marzo se discutió el proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX Bis al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de violencia de género, aprobada previamente en la Cámara de Diputados.

La propuesta busca visibilizar las estadísticas de los registros de los casos de violencia de género ocurridos dentro de las instituciones de la Administración Pública Federal (AFP), con el objetivo de recopilar información que permita profundizar en la investigación acerca del alcance, las causas y los efectos de la violencia, así como en la eficacia de las medidas para prevenir y responder a la violencia contra la mujer.

Asimismo, el presente jueves los miembros de las Comisiones discutieron el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18 y 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de paridad de género en designaciones públicas, pues de acuerdo con el estudio Mujeres y Hombres en México 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la distribución por sexo de las y los funcionarios aún enfrenta una gran brecha entre géneros en puestos de algunos espacios públicos tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral entre otros.

La senadora Ana Lilia Rivera ꟷquien estuvo presente en las reunionesꟷ declaró que ambos proyectos son vitales para la construcción de una nueva administración pública con enfoque de género, cuya prioridad es combatir todas las formas de violencia, así como promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos del país.

De aprobarse ambos proyectos se prevé que los mecanismos de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres sean más efectivos, lo que implica la promoción de relaciones equitativas de género y mayor justicia, en cuanto a que valoran un sector históricamente marginado.

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