Ha llegado el momento de legislar una nueva Ley General de Aguas que garantice que el Estado haga efectivo el derecho humano al agua para todos los mexicanos: Ana Lilia Rivera.
La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera y la Diputada Dolores Padierna, coordinadoras del Frente Parlamentario contra el Hambre en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, se reunieron el pasado miércoles con Alfredo Mayen Director Técnico de la FAO para la Región de Mesoamérica y con Adrián Pedrozo Director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para analizar de manera conjunta la construcción de una nueva Ley Modelo sobre gestión comunitaria del agua.
El nuevo Modelo rescataría los resultados que la FAO ha obtenido luego de trabajar el tema de cosecha de agua de lluvia en diferentes comunidades rurales e indígenas de México. Además, contaría con el apoyo técnico del IMTA para dotarlo de evidencia científica.
Los representantes de ambas instituciones se mostraron optimistas de poder trabajar junto a las legisladoras Rivera y Padierna, pues reconocen que la Ley General de Aguas que hoy persiste ha resultado insuficiente y ha generado asimetrías en la distribución del recurso y las concesiones.
Por su parte, la Senadora Ana Lilia manifestó su beneplácito de contribuir e impulsar la creación de la nueva Ley General de Aguas tras más de siete años de no haberse promulgado una nueva ley en la materia.
“Ha llegado el momento de legislar una nueva Ley General de Aguas que garantice que el Estado haga efectivo el derecho humano al agua para todos los mexicanos, crear una política pública del agua equitativa que asegure: disponibilidad suficiente a poblaciones humanas y a actividades económicas con calidad, regularidad y volúmenes necesarios; que atienda los impactos del cambio climático, frene la sobre explotación de los acuíferos, adopte estándares de resiliencia e incentive la innovación tecnológica incluyendo la captación de agua de lluvia”, declaró la Senadora Rivera.
Algunos temas presentes en el Modelo de la FAO son: el reconocimiento y protección de los sistemas comunitarios, la obligación de respetar los derechos humanos por parte de agentes no estatales, así como el cambio climático y la gestión de riesgos, con el objetivo de generar modelos que permitan desarrollar programas de política pública que protejan los derechos de las comunidades rurales y visibilicen sus necesidades sin que estos vayan en contra del desarrollo y la generación de empleos.