La legisladora declaró que tanto el gobierno federal como los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, “han dado importantes muestras de voluntad política para asegurar un estado democrático de derecho”.
Por William Hernández / 20 de abril de 2020
Ciudad de México. – Fue esta mañana cuando los legisladores de los distintos grupos parlamentarios del Senado de la República se dieron cita en una sesión extraordinaria para analizar, discutir y dictaminar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía; misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.
La ley, que fue sesionada a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la emergencia sanitaria de COVID-19, pretende decretar la amnistía, “entendida como aquel acto del poder legislativo mediante el cual se ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos”, en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden federal en los siguientes supuestos:
• delito de aborto en cualquiera de sus modalidades;
• delitos contra la salud;
• por cualquier delito a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no se les hayan garantizado el derecho de contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura;
• delito de robo simple y sin violencia siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años y;
• por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.
Ana Lilia Rivera Rivera, senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, expuso que estas medidas jurídicas corresponden con los estándares internacionales de protección contra violaciones a los derechos humanos de las personas procesadas o sentenciadas como las Reglas Mínimas de Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de Libertad, mejor conocidas como “Las Reglas de Tokio, que señalan que se debe reducir la aplicación de las penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal.
Asimismo detalló que, aunque que la propuesta es un acto de reivindicación y justicia social, su aprobación resulta “urgente y necesaria en el contexto actual de la crisis de salud por la que atraviesa el país a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19″ debido a que, como lo ha advertido la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, “durante la pandemia se han producido brotes y fallecimientos en centros penitenciarios de varios países; razón por la que recientemente este Senado fue exhortado por dicho organismo internacional para aprobar a la brevedad posible la ley que hoy nos ocupa”, citó la legisladora tlaxcalteca.
Por otro lado, señaló que esta ley constituye también “una acción preventiva de política criminal de amplio alcance”, pues reconoce que la estancia en prisión de personas que han sido privadas de su libertad como consecuencia de su condición de marginación, puede fomentar que personas sin antecedentes delictivos o que cometieron delitos con penalidades bajas, no sean inducidas a la delincuencia organizada o a otras manifestaciones de criminalidad “que lesionan gravemente a la sociedad”; enfatizando que su aprobación significará “un importante paso para la reivindicación de injusticias cometidas en el pasado y para la reconstrucción del tejido social”.