Durante el ejercicio fiscal 2016, el gobierno de Mariano González Zarur cometió abusos financieros por más de 181 millones de pesos, de lo cual se privó de 7.9 millones de pesos a 38 municipios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).
De las Auditorías Financieras de Cumplimiento 16-A-29000-02-1619 y 16-A-29000-02-1866 que aplicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2016 del Estado de Tlaxcala, la cual logró recuperar 246.8 millones de pesos.
En rueda de prensa realizada este lunes, la diputada federal del PAN, Minerva Hernández Ramos, presentó un extracto de las 12 auditorías realizadas a la Cuenta Pública de la entidad del año pasado, en las que se concluyeron que el Ejecutivo de entonces registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2016; adquisiciones por pagar por 899 mil pesos en categorías de puestos no autorizados; rebasar los límites de los tabuladores autorizados por 156 millones 360 mil pesos; 1.4 millones por la falta de documentación justificativa con la que se pudiera constatar la relación laboral de los prestadores de servicios por honorarios; así como no presentar la documentación correspondientes a los procedimientos de adjudicación de servicios y bienes adquiridos por 21 millones 484 mil pesos.
La ASF reportó que el Gobierno de Mariano González Zarur “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
En la auditoría 16-A-29000-02-1832 se revisaron mil 723 millones de pesos correspondientes a distribución y ministración de participaciones federales a los municipios, en la cual también se encontraron deficiencias como el haber hecho el cálculo trimestral del Fondo de Compensaciones e Incentivos a la venta final de gasolinas y diésel, cuando debió ser de manera mensual; no se consideraron autoliquidables el 20 por ciento de esas participaciones a los municipios; no se entregaron recursos del Impuesto Sobre la Renta a dos municipios; se realizaron de forma extemporánea las ministraciones del fondo General de Participaciones; y se careció de la documentación justificativa de algunos descuentos o afectaciones de las participaciones federales a los municipios; entre otras observaciones.
Hernández Ramos consideró que si bien las cifras pueden resultar relativamente bajas, sí resulta relevante que se demuestra que en Tlaxcala falta avanza en materia de armonización de leyes de fiscalización y transparencia para mejorar el manejo de las finanzas, tanto a nivel estatal como municipal.