El Poder judicial debería actuar como un garante de la justicia y la equidad, y no como una barrera para el cambio y la mejora de nuestra sociedad. Es inaceptable que aun en estos tiempos de cambio, las decisiones de la Corte estén sesgadas por intereses particulares o políticos, que cada vez más nos alejan del “gobierno de las leyes”, para acercarnos al “gobierno de los jueces”, sentenció la Vice Presidenta del Senado de la República Ana Lilia Rivera.
Luego de que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidara el primer paquete del Plan B de la Reforma Electoral aprobada el pasado mes de marzo por el Congreso de la Unión, se derivaron diversos pronunciamientos en contra de la resolución judicial, como el de la Senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, quien se pronunció por la urgencia de una reforma profunda al Poder Judicial que realmente impacte en el centro de todos sus males: la cúspide de su estructura.
«La creciente tendencia del Poder Judicial de la Federación a invalidar leyes aprobadas por esta soberanía, es una cuestión que debería de ser objeto de preocupación para todas y todos quienes tenemos un verdadero compromiso con la sociedad. En mi opinión, lo que estamos viviendo es un signo del debilitamiento de nuestra democracia y del Estado de Derecho, ante el creciente poder de la juristocracia».*
Enfatizó la Senadora Ana Lilia Rivera que el poder judicial tiene la innegable competencia de ejercer el control constitucional de las leyes, pero la Constitución es un documento vivo y debe interpretarse en el contexto de los tiempos en que vivimos, de modo que dicha competencia no debe ser una excusa para invalidar cambios normativos que han sido aprobados en beneficio de la sociedad.
Abundó que como representantes electos del pueblo, es de su responsabilidad legislar en su nombre. Tomando en cuenta los intereses y necesidades de la sociedad, para trabajar juntos para crear leyes que promuevan el bienestar común.
«Particularmente, quienes formamos parte de un movimiento que pugna por una auténtica transformación de la vida pública, no trabajamos por intereses particulares, sino con base en un compromiso adquirido mediante las urnas, para cambiar el status quo de desigualdad e injusticia que hemos vivido en el país durante demasiado tiempo», afirmó.
La legisladora Ana Lilia Rivera puntualizó que cuando el Poder judicial invalida una ley orientada a dotar de certeza jurídica y legalidad al régimen de responsabilidad administrativa por uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada con fines electorales; dicho Poder está actuando en contra de la voluntad y de las necesidades del pueblo expresadas democráticamente.
Por ello, urge una reforma profunda al Poder Judicial que realmente impacte en el centro de todos sus males: la cúspide de su estructura. Ni la reforma judicial de 1994, ni la reciente reforma judicial de 2021, han conseguido dicho fin. La cúpula de poder al interior de la judicatura sigue incólume a través de las décadas, viviendo bajo el manto de la impunidad y de la ausencia de controles para la rendición de cuentas.
Una muestra de esta opacidad, impunidad y excesos son los 40 beneficios recibidos por magistradas y magistrados que bien pueden ser mesurados para ejercer el servicio público de manera más ética, de los cuales enumero 7 de 40:
1) Sueldos muy superiores al del presidente de la República, de $297,403.77 mensuales; 2) Aguinaldos exagerados de $586,092.53, que representan 40 días de sueldo; 3) Primas vacacionales de $95,474.68, que representan 10 días de sueldo; 4) Un fondo para comer en restaurantes de lujo por $723,690.24 anuales; 5. Un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas; 6) Presupuesto de $5’540,930 mensuales para contratar personal; 7) Dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de $6’000,000, que se renuevan cada dos años.
*Todo lo anterior dio como resultado un presupuesto excesivo de $73,723,020,424