Con documentos en mano, familiares de los siete expolicías acusados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de secuestro exprés, denunciaron que la procuradora Alicia Fragoso Sánchez ha metido sistemáticamente la mano en el caso, a efecto de evitar que los encarcelados en el Centro de Readaptación Social de Apizaco obtengan su libertad ante los elementos que existen.
Y es que el Protocolo de Estambul que le fue practicado al exdirector de la Policía Estatal Acreditable (PEA), Jorge López Pérez, así como al resto de los acusados, por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), demostró que sí sufrieron tortura para aceptar haber cometido los delitos, por lo que podrían obtener su libertad.
En una reunión, familiares de los siete exelementos de la Comisión Estatal de Seguridad, manifestaron que el dictamen sicológico de dicha prueba salió positivo, lo cual consta en el expediente con el número de oficio 2925/2015 del proceso 53/2015.
Sin embargo, a más de un año de que fueron arrestados – el 21 de enero de 2015 – han sido víctimas de diversas irregularidades en el proceso, como la intervención en específico de una jueza, además de que ya recluidos la PGJE pretendió acusarlos del delito de robo a casa habitación.
Jorge López, hijo del exdirector de la PEA, reveló que las personas que supuestamente fueron víctimas del robo, se negaron a firmar una averiguación previa en la que se inculpaba a los expolicías como probables responsables, por lo que en su momento un juez declaró el auto de libertad.
Por lo que hace a los secuestros exprés, sostuvo que el presentado como víctima, Gesarel Hernández Santacruz, declaró en el proceso 16/2015 y aseguró que nunca fue privado de su libertad y por lo mismo nunca fue rescatado por policías ministeriales, tal como lo informó en su momento la PGJE, en tanto que otro de los presuntos agraviados Carlos Cervantes Cruz, no declaró en torno a ello porque falleció en un accidente y por lo tanto no pueden ser vinculados al delito, además de que en su momento fue detenido por agentes ministeriales en posesión de droga.
Por si fuera poco, evidenció que el proceso 13/2015 que incluye un video de una supuesta víctima, está falseado en su contenido y en las firmas que tiene el documento.
Otras de las anomalías es que las declaraciones de las víctimas están fechadas meses después de la detención, lo que indica que les quieren imputar otros delitos con los que no se concuerda en tiempo, o bien, que no se quiere dar validez a la declaración del entonces titular de la CES, Orlando May Zaragoza Ayala, quien confirmó que el 21 de enero de 2015, Jorge López Pérez estaba cumpliendo un servicio en Santa Apolonia Teacalco, por lo que es imposible que lo hayan detenido en una persecución.
Ante ello, exigió que la procuradora saque las manos del proceso porque pretende “sembrarles” otros delitos, dado que de nueve averiguaciones previas, seis se han desahogado y se está “guardando” las otras tres para sacarlas “de sorpresa” en un momento dado.
“La procuradora se está tomando personal este asunto, pues la Juez Olivia Mendieta Cuapio ya se había declarado incompetente en el asunto, y a petición de Fragoso Sánchez retomó el asunto y dictó auto de formal prisión dentro de las causas penales 16 y 19”, expuso.
Además, pidieron a la presidenta del Poder Judicial, Elsa Cordero Martínez, para que dé celeridad al asunto, pues afirmaron que a más de un año, el juez de lo penal no ha emitido sentencia en contra de los expolicías.
Los familiares reiteron que los siete efectivos, entre ellos dos mujeres, fueron víctimas de tortura al grado que dos quedaron son secuelas en su salud, pues no solo fueron severamente golpeados, sino que al exdirector de la PEA le aplicaron toques eléctricos en los genitales.
“Ya tenemos el dictamen del Protocolo de Estambul que salió positivo en el dictamen psicológico, y ahora falta el médico, pero es evidente que fueron golpeados, pues la dependencia los presentó a los medios de comunicación con evidentes golpes en el rostro”, acusaron.
El Protocolo de Estambul es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato.
Lamentaron que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) han tenido las puertas cerradas, pues nunca tuvieron el servicio por parte del visitador Salvador Amador González, por lo que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Ante las anomalías, revelaron que Jorge López Pérez pretende iniciar una huelga de hambre para que el propio gobernador los escuche; de hecho, pidieron sensibilidad de parte del jefe del Ejecutivo estatal para tener en cuenta las evidencias de que fueron injustamente acusados de cometeré secuestros en su modalidad de exprés.
