Edvino Delgado acyuso que la dirigencia estatal del partido ha sido utilizada como plataforma familiar y política.
En rueda de prensa, el fundador del Partido Morena en Tlaxcala, Edvino Delgado Rodríguez dió su posicionamiento respecto al curso legal del Procedimiento Sancionador Ordinario CNHJ-TLAX-279/2025.
Informó sobre la queja interpuesta contra Marcela González Castillo, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal en Tlaxcala, y Alfonso Sánchez García, por presuntas infracciones a la normatividad interna del partido.
Delgado Rodríguez señaló de manera directa que la actual presidenta estatal de Morena es esposa del presidente municipal de Tlaxcala, situación que afirmó configura un conflicto de interés grave, al considerar que la estructura partidista estaría siendo utilizada para impulsar un proyecto personal con miras a la gubernatura del estado.
El militante informó que, tras la audiencia interna celebrada el 23 de octubre de 2025 y ante la falta de una resolución en tiempo razonable, recurrió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de frenar lo que calificó como una estrategia de dilación para proteger intereses políticos y familiares.
Exigió la separación definitiva de Marcela González Castillo de cualquier cargo partidista, así como la cancelación del registro de los involucrados, al sostener que existen elementos documentados que acreditan nepotismo, favoritismo e influyentismo, prácticas expresamente prohibidas por la normatividad interna de Morena.
Edvino Delgado subrayó que los estatutos del partido son claros al prohibir que dirigentes y funcionarios conviertan a Morena en patrimonio familiar, herencia política o trampolín electoral, y sostuvo que la verdadera transformación no se construye desde el poder para el poder, ni mediante simulaciones o pasarelas políticas, sino con honestidad, legalidad y respeto real a las bases.
Finalmente, advirtió que permitir este tipo de conductas sentaría un precedente devastador para la vida interna del partido en Tlaxcala, por lo que insistió en que la sanción debe ser jurídica, firme y ejemplar, para recuperar la credibilidad del movimiento ante la militancia y la ciudadanía.