Cuatro integrantes del ayuntamiento de Ixtenco exigieron al Congreso del Estado que el presidente municipal Miguel Ángel Caballero Yonca sea separado del cargo mientras se realiza la investigación en su contra y propusieron que el primer regidor, Giovany Aguilar Solís ocupe el cargo.
En una misiva fechada el pasado 23 de marzo -enviada a la legisladora Dulce María Ortencia Mastranzo Corona, presidenta de la mesa directiva, así como a los diputados José Martín Rivera Barrios, en su carácter de presidente de la comisión de Asuntos municipales e Ignacio Ramírez Sánchez, de la Comisión de puntos constitucionales, Gobernación y Justicia y asuntos políticos,- los regidores Giovany Aguilar Solís, Raúl Mauricio García y Evamaría Bernardino Domínguez, así como la síndica Lucía Rojas González solicitaron “de manera precautoria la solicitud de suspensión del cargo, mientras dure la investigación (por el término de seis meses)”.
Tras hacer un recuento de la situación política que prevalece en el municipio los regidores acusan a los legisladores de hacer “caso omiso a la solicitud” de revocación de mandato por no haber emitido un dictamen sobre el expediente parlamentario, por ello exigieron a la presidenta de la mesa directiva que “requiera a los integrantes de las Comisiones que conocen de la soliciutd de revocación de mandato en contra de Miguel Ángel caballero Yonca (…)presenten su dictamen correspondiente” y amagan “con el apercibimiento que de no cumplir serán sancionados en términos de lo que establece la propia Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tlaxcala”.
Mientras que a los integrantes de las Comisiones les solicitan emitir el dictamen y condicionan “admitiendo la solicitud de REVOCACIÓN DE MANDATO (sic) y determinando de manera precautoria la SUSPENSIÓN (sic) del cargo del C. Miguel Ángel Caballero Yonca”.
Asimismo sugieren que una vez decretada la suspensión “se deberá nombrar al primer regidor para que ejerza las funciones inherentes al cargo de Presidente Municipal de Ixtenco”; que se someta a consideración del pleno la aprobación del dictamen correspondiente y se ordene el inicio del procedimiento de revocación de mandato aludido y finalmente se cumpla con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el estado, aunque no se especifica en contra de quién.
Para finalizar aseguran que la petición está debidamente fundada para que se inicie la revocación de mandato ya que se ha cumplido con los requisitos de procedibilidad que señala la Ley, con lo que aseguran se logrará la gobernabilidad en el municipio.