08 de mayo de 2020
Institutos mexicanos participarán junto con la Unión Europea (UE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno de Noruega y otras iniciativas mundiales en investigaciones científicas que buscan desarrollar una vacuna contra el virus SARS-CoV-2.
El acuerdo entre organismos y países se deriva del exhorto que realizó el presidente López Obrador en la pasada reunión del G20 a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual fue aprobado por la Asamblea General de la Organización y por 179 países para que se garantice el acceso y distribución equitativa de todos los países ―independientemente de su situación económica― a insumos de protección, equipo médico, diagnósticos, medicamentos, así como a futuras vacunas.
La UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el centro de investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud TecSalud del Tecnológico de Monterrey y otros investigadores de institutos privados estarán a cargo de las investigaciones científicas en México en torno al hallazgo de una posible cura contra el COVID-19, de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, quien destacó “México forma parte de los doce países del mundo con mayor participación en los protocolos de investigación sobre el virus”.
Para el canciller la razón por la que México es el único país de Latinoamérica y el Caribe invitado a participar en las investigaciones se debe a que “el país tiene la capacidad tecnológica y científica” para el desarrollo de una vacuna.
El gobierno mexicano aportó un millón de euros al proyecto de investigación para poder formar parte del acuerdo y acceder a las investigaciones que están llevando a cabo los institutos de los países adjuntos. La mayor aportación económica fue dada por laboratorios privados interesados en producir y vender la vacuna contra el COVID-19 una vez se haya desarrollado.
Durante la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel dejó en claro que para él la salud es un derecho universal y no un asunto vinculado al mercado, buscará que todos los países tengan acceso a las vacunas para que haya menos pérdidas de vidas humanas en el mundo.
“No es licito ni ético defender la facultad del Estado para rescatar empresas e instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos”, dijo.
Además de la atención a la epidemia de COVID-19 encabezada por la secretaria de salud, anticipó que iniciará un “movimiento de prevención y educación para la salud, orientación nutricional y fomento al ejercicio físico y a las prácticas deportivas”, dado que las enfermedades crónicas no transmisibles han representado un riesgo latente en las personas contagiadas con el virus.
Como respaldo a las palabras del presidente Ana Lilia Rivera Rivera quien en su facultad como senadora promovió y logró la aprobación de la “Ley Federal para el Fomento y la Protección del Maíz Nativo”, declaró que el Estado debe garantizar los derechos básicos como la salud y el acceso a una alimentación saludable en todos los sectores del país, especialmente en los más pobres, buscando reducir las desigualdades sociales y regresarles a las comunidades que menos tienen los derechos que les fueron negados durante los sexenios pasados.