La legisladora solicitó a los tres órdenes de gobierno garanticen las condiciones de seguridad y sustento a prestadores de servicios de salud en México.
Esta tarde la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del GPPRD, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los tres órdenes de gobierno a garantizar condiciones de seguridad, remuneración económica universitarios en servicio social, practicantes, enfermeras y prestadores de los servicios de salud en México.
Lo anterior derivado del incremento en la incidencia de agresiones y amenazas de pobladores, autoridades y crimen organizado en contra de estudiantes de medicina que realizan sus prácticas y servicio social en comunidades y zonas rurales del país.
En este sentido la legisladora precisó que, “La realización de servicio social en las múltiples áreas del conocimiento es indispensable para adquirir práctica, más en un área como es la medicina” motivo por el cual dijo, es deber del estado garantizar la seguridad de los prestadores de servicios médicos.
“Aunado a la inseguridad, pasantes del área de salud enfrentan la falta de recursos, la carencia de espacios en hospitales públicos y privados para realizar sus prácticas sin contar las precarias condiciones en las que ejercen sus conocimientos, la violencia ejercida contra prestadores de servicio social ha obligado a la renuncia de más de 300 alumnos de múltiples universidades del país” sostuvo.
De 2011 a 2017 se ha incrementado el número de deserciones, donde alumnos alegan, primero, la lejanía de los espacios donde practican, segundo, las condiciones de inseguridad y tercero la carencia de materiales e insumos para salvar vidas.
“Los pasantes de medicina se han vuelto blancos del crimen, levantones, robos, asaltos y maltrato de los pobladores suman más de 84 denuncias registradas en 8 años; la deserción ha ido en incremento, mientras que en 2011 sólo 7 estudiantes -de los que se tiene registro- renunciaron a su actividad como prestadores de los servicios de salud, en 2016 esta cifra alcanzó las 91 personas”.
En 2017 más de 21 alumnos renunciaron a prestar servicio social otros más sufrieron algún tipo de violencia en la clínica, hospital, comunidad e incluso universidad, donde estudiantes de instituciones públicas son enviados a otros estados a residir, mientras que, los de instituciones privadas pueden hacer sus prácticas en hospitales de su misma localidad.
La violencia que viven los residentes, practicantes y prestadores de servicio social arroja 300 renuncias registradas en universidades públicas y privadas del país, 190 hechas por mujeres y 110 más por hombres siendo Jalisco donde más denuncias ocurrieron -47-, seguido de Hidalgo donde se reportaron -31-, Querétaro con -22-, Tabasco con -22-, Puebla con -19-, Veracruz con -17-, San Luis Potosí con -15- y Tlaxcala con -13- renuncias.