La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, ante la sociedad tlaxcalteca, se pronuncia respecto de los diversos hechos violentos suscitados entre presuntas personas estudiantes de la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez” de Panotla, Tlaxcala, y otras instituciones educativas del país con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo cual manifiesta que:
Derivado de esos hechos, Visitadoras y Visitadores de la CEDH, comisionados para realizar el acompañamiento de las movilizaciones estudiantiles, se reportó el aseguramiento de personas, procediendo a llevar a cabo una investigación in situ en los centros de detención Estatal y Municipales cercanos al lugar de los sucesos violentos.
De esa investigación, la CEDH confirmó la detención de cuatro personas, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público adscrito a la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes recibieron el acompañamiento institucional, el cual se mantuvo hasta la obtención de su libertad, a efecto de garantizar el debido proceso.
En ese contexto, en el transcurso de la noche del jueves 20 de octubre del año en curso, este Organismo Autónomo recibió una solicitud formal por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en la que se pidió la colaboración para conocer sobre la integridad física de las personas detenidas y su situación jurídica, ya que presumiblemente son estudiantes en dicha Entidad Federativa.
La mañana de este viernes 21 de octubre, las personas detenidas obtuvieron su libertar y con quienes se sostuvo una reunión, así como con dos representantes de las alumnas de la Escuela Normal Rural “Lic. Benito Juárez”, de Panotla, y con el Presbítero José Filiberto Velázquez Florencio, director del “Centro Minerva Bello A.C.” del Estado de Guerrero, en la que se recibieron diversas peticiones para ser entregadas a las autoridades del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Este Organismo Autónomo puntualiza que la libertad de expresión es un derecho fundamental en todo Estado democrático y su práctica facilita el ejercicio de derechos como el de reunión y la protesta social, este último como mecanismo de exigencia social que busca visibilizar una problemática que afecta a un colectivo o a un grupo de personas.
La protesta y la movilización social constituyen herramientas de petición a la autoridad y, también, como canal de denuncia pública de violaciones a los derechos humanos, entonces, las autoridades tienen la obligación de dar cauce a estas muestras de descontento, de escuchar y de buscar vías adecuadas para responder a ellas efectivamente. No debe estar dentro de sus funciones criminalizar su expresión cuando esté enmarcada dentro de los límites legales.
Es obligación de las autoridades facilitar el ejercicio del derecho a la protesta social pacífica y garantizar la seguridad de los manifestantes, así como tomar las medidas necesarias para garantizar otros derechos del resto de los ciudadanos.
Es deber de la autoridad regular la actuación de los cuerpos de seguridad en esos eventos, y actuar con sentido de oportunidad, gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza con estricto apego a los derechos humanos. Es pertinente tener presente que el uso de la fuerza legítima debe ser el último recurso por utilizar por parte de la autoridad; por lo que debe privilegiar los mecanismos no violentos.
Es obligación de la autoridad evitar en todo momento la detención arbitraria ilegal; pero en la detención conforme a derecho, deberá presentarse de manera inmediata al probable inculpado, ante la autoridad competente y dar las razones que motivaron la misma, privilegiando el debido proceso y la presunción de inocencia de toda persona.
Es obligación de la autoridad investigar y sancionar a todo aquel agente del Estado que bajo su investidura abuse o vulnere los derechos humanos de las personas, así como reparar dichos abusos y violaciones conforme lo establece la ley.
La CEDH se solidariza con los actos y manifestaciones que se realizan en el Estado con el fin de visibilizar diferentes problemáticas que enfrentan grupos y sectores sociales, entre ellos el de estudiantes de educación superior.
Este Organismo Autónomo respeta el derecho a la libre expresión y manifestación de todas las personas que deseen ejercerlos, pero manifiesta la desaprobación de todo tipo de actos violentos, reconociendo que toda persona tiene derecho a la protección de su vida, integridad física y respeto a su dignidad humana.
En tal sentido, exhorta a todas las autoridades estatales y municipales, a que en el ámbito de sus competencias realicen acciones concretas de promoción, protección, respeto y garantía, que materialicen el derecho a la manifestación y a la protesta pacífica, también deberá garantizarse el derecho del resto de los ciudadanos, adoptando medidas efectivas para prevenir, proteger y garantizar sus derechos humanos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos radicó Expediente de Queja CEDHT/PVG/98/2022, e inició la investigación correspondiente por conducto del Visitador General Adscrito a la Primera Visitaduría con sede en Tlaxcala, Tlax., con el objetivo de identificar a las autoridades intervinientes, en su caso su omisión, su grado de participación y el cumplimiento de los protocolos de su actuación.
