En el Pleno del Senado de la República la legisladora Ana Lilia Rivera presentó la iniciativa de reforma a los artículos 212 y 215 de Ley General de Salud, a efecto de incorporar en el contenido del etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas, el señalamiento de aquellos productos que contengan componentes o ingredientes derivados de organismos genéticamente modificados.
La Senadora tlaxcalteca argumentó que las formas tradicionales de producción, comercialización y consumo de maíz nativo, que constituyen parte del patrimonio alimentario y cultural de México, han sido paulatinamente desplazadas para abrir paso a sistemas industriales de producción agrícola a gran escala, basados en el uso de semillas modificadas genéticamente para que las plantas resistan plagas y toleren herbicidas, como el glifosato, produciendo alimentos que, inclusive, aún procesados contienen este tipo de agroquímicos altamente peligrosos.
«En el uso de semillas transgénicas, existe certeza en cuanto a que estas, al tolerar los agrotóxicos, son portadoras de dichas sustancias químicas, muchas de las cuales significan un peligro demostrado para la salud humana y el ambiente», señaló.
Estudios de la UNAM han llegado a concluir que, derivado de las importaciones de Estados Unidos, el maíz mexicano tiene una presencia alarmante de transgenes: 90.4% de las tortillas que se consumen contienen secuencias de maíz transgénico, así como 82% de las tostadas, harinas, cereales y botanas producidas a base de este grano.
La gravedad de este problema, enfatizó la Vice Presidenta del Senado, es enorme y para dimensionarlo es necesario reiterar que, en México, el maíz es el principal alimento, sobre todo en forma de tortillas, para cuya elaboración se emplean cada año 13.5 millones de toneladas de maíz y cuyo consumo se estima en 300 millones al año. En este sentido, el consumo directo de productos derivados de maíz transgénicos, acompañado de sustancias tóxicas, puede llegar a tener un severo impacto en la salud de la población. Por ello se requiere garantizar que las tortillas y, en general, todos los productos elaborados con maíz no deriven en su elaboración de granos transgénicos.
Recordó Rivera Rivera, que el 13 de febrero de este año, fue publicado el Decreto por el que se establecen diversas acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, en relación con el uso, enajenación, distribución, promoción e importación de glifosato y de maíz genéticamente modificado, para salvaguardar la salud, un medio ambiente sano y la seguridad y autosuficiencia alimentaria.
Puntualizó que, pese a la relevancia de esta acción, el Decreto permite que el maíz transgénico sea destinado a la producción de alimentos procesados para consumo humano, tales como tostadas, harinas, cereales y botanas, productos que, pese a su escaso valor nutricional, se encuentran presentes en el consumo habitual de gran parte de la población mexicana.
Ante este resquicio legal, surge la necesidad de implementar estrategias eficaces de trazabilidad sobre los productos derivados del maíz, a fin de que la autoridad competente garantice que las personas consumidoras tengan un acceso libre e informado a productos derivados de maíz, con conocimiento pleno de aquellos que contienen transgenes. Una medida idónea para tal efecto es el etiquetado de los productos que contengan transgénicos, que ya cuenta con referentes de eficacia en algunos países de la Unión Europea, así como en Australia, Estados Unidos, Países Bajos, Turquía, Colombia, Brasil y Perú.
Por último, enfatizó la Senadora Ana Lilia Rivera que reformar la Ley General de Salud para actualizar el marco jurídico en materia de etiquetado, incorporando el etiquetado de productos con contenido de transgenes, sería una medida idónea para garantizar que las personas ejerzan su derecho a la alimentación adecuada de forma libre e informada.
