Asciende a 895 ciudadanos en el Registro Estatal de Víctimas del delito dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tlaxcala, de los cuales 177 asuntos ya fueron concluidos por mediación y 718 están en trámite, pero el 30 por ciento de estos últimos (215) no se resolverá por un mecanismo de conciliación debido que son de tipo grave.
Además, de los 720 mil pesos que el Congreso local autorizó para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos (Ceavo) en este año, se han gastado unos 100 mil pesos en asistir o reparar el daño de manera económica a tres personas, así como gastos médicos, traslados o alojamiento de salvaguarda de otras más.
Así lo informaron la vocera de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, Mary Cruz Cortés Ornelas, y el titular de la Ceavo, Leonardo Lima, al ofrecer una conferencia de prensa en torno al seguimiento de la aplicación y los componentes del Sistema.
Ahí, Cortés Ornelas sostuvo que este nuevo sistema penal “garantiza asesoría gratuita y permanente a las víctimas del delito y busca equilibrar los derechos de las víctimas y restaurar la confianza en las instituciones, pues el acompañamiento durante todo el proceso es todavía más importante que una reparación económica”. Eso sí, recalcó que en este Sistema la cárcel no es necesariamente la sanción al responsable del delito, sino encontrar mecanismos de medicación para reparar el daño, actualmente solo en los casos de transgresiones de bajo impacto.
En el Salón Juárez de Palacio de Gobierno, la funcionaria recalcó que el nuevo marco que deberá operar en todo el país a partir del 18 de junio de 2016, brinda por primera vez una serie de derechos a las víctimas y sus familiares como la reparación del daño antes de que termine el proceso, atención médica y sicológica, voz y protección, un lugar digno en las salas de audiencia y, de ser necesario, la autoridad competente deberá proporcionarle alojamiento para salvaguardar su integridad.
En ese sentido, Leonardo Lima reveló que del Registro Estatal de Víctimas, 228 han sido atendidas de forma sicológica y 27 canalizadas al Sistema Estatal DIF, mientras que las principales denuncias al Nuevo Sistema de Justicia son lesiones, daño a las cosas y amenazas.
Puntualizó que muchos de los casos de lesiones que se atienden tienen su origen en problemas de violencia familiar, por lo que esos y otros delitos considerados de mayor impacto se encuentran entre las 718 víctimas cuyos asuntos están en trámite de judicialización, a efecto de que se un juez el que tipifique la infracción.
“La protección a las víctimas surge de la demanda ciudadana de una nueva forma de hacer justicia, de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de la necesidad de modernizar el Sistema Judicial, darle un rostro humano y contribuir a restaurar la confianza en la impartición de justicia”, concluyó por su parte, Cortés Ornelas.
