Emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), medidas cautelares a los integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala (TSJE), por actuar de forma irregular contra la juez Juanita Munguía Herrera en el 2014, esta medida causó polémica y evidenció el mal actuar de estos funcionarios.
Después de que en enero pasado la juez Juanita Munguía Herrera presentó una queja ante la CEDH por presunta violaciones a sus derechos humanos por parte de los integrantes del Consejo de la Judicatura y del magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, la cual fue radicada en el expediente CEDHT/PVG/4/2015, por el proceso que fue abierto en su contra ante los señalamientos de supuestas anomalías en las que habría incurrido como parte de sus funciones.
Munguía Herrera, recurrió a la CEDH debido a que el Consejo de la Judicatura violentó sus garantías por separarla de su cargo sin que existiera una resolución, además de dañar su imagen y la moral.
Y es que hay que recordar, que en el mismo año de 2014 la presidenta de la organización nacional “Alto al Secuestro” que dirige Isabel Miranda de Wallace, la tildó de ser una juez que liberaba a secuestradores en Tlaxcala.
De esta forma, en la sesión ordinaria de este martes los magistrados del TSJE, aprobaron con 8 votos a favor y una abstención del magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, quien fuera señalado en el oficio enviado por la CEDH, por formar parte del Consejo de la Judicatura, aprobaron instruir por escrito a los integrantes del Consejo de la Judicatura para que “se abstengan de incurrir en conductas que lesionen los derechos, el autoestima y/o mental de la quejosa y omitan exponer el procedimiento que se ha iniciado en su contra al escarnio, en el entendido que todas las resoluciones que emitan al respecto deberán ser consecuencia de un procedimiento en estricto apego al derecho, a la legalidad y seguridad jurídica”, refirieron.
Los magistrados Ángel Francisco Flores Olayo, Justino Hernández Hernández y Mario de Jesús Jiménez Martínez, se pronunciaron a favor de aplicar la medida cautelar contra consejeros por escrito y no dejar pasar la sugerencia de la CEDH.
En su intervención, Jiménez Martínez, evidenció que los consejeros de la judicatura no siempre cumplen la Ley.
La queja interpuesta por Munguía Herrera en contra del Consejo de la Judicatura obedeció a que sus integrantes determinaron aprobar su suspensión como juez de ejecución de sanciones penales y medidas restrictivas de la libertad, sin goce de sueldo en junio de 2014, sin antes iniciar el debido proceso, ni haberle otorgado su derecho de audiencia, según refirió en el documento.