El rugir de los privilegiados: un contraataque para el crecimiento científico de México

El pasado 8 de febrero, la senadora por el Estado de Tlaxcala del partido de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ana Lilia Rivera, presentó en el Senado de la República una iniciativa que busca impulsar la transformación del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para convertirlo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, lo que originó una serie de críticas en contra de la senadora.

Y es que las críticas se originaron a causa de los lineamientos propuestos por la senadora entre los que destaca transparentar los recursos públicos con el objetivo de que estén dirigidos a los ciudadanos para impulsar el conocimiento y la innovación de la nación mexicana, pero, ¿cuáles son los argumentos a favor para aprobar esta ley conocida como Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías?

Según la senadora, es necesario poner las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del país al servicio de México y de los intereses nacionales, y no sólo a una pequeña cúpula de científicos, en dónde muchas veces, solo responden a intereses privados y empresariales y no a favor del desarrollo de México, y donde en algunos casos, los resultados de las investigaciones financiadas por el CONACYT no se ven reflejadas en la sociedad como debería de ser.

Según una investigación llevada a cabo por la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), encabezada por el doctor Raúl Delgado Wise, 1.2 millones de mexicanos altamente calificados o con estudios de posgrado se han marchado del país entre 1990 y 2015 porque “no encontraron oportunidades de desarrollo profesional aquí”, llegando a la conclusión de que esta fuga de conocimiento y de capital humano se debe a que no recibieron apoyo de las instituciones mexicanas.

Tal es el caso de Christian Peñaloza, un científico mexicano que presentó su proyecto “AURA” ante el CONACYT y ante el Instituto Nacional del Emprendedor donde le negaron el apoyo y los fondos de financiación más de cinco veces y, al presentar el mismo proyecto en Japón, recibió 100 mil dólares en fondos de investigación y terminó en dicho país la maestría en Robótica e Inteligencia Artificial y el doctorado en Neurociencia Cognitiva aplicada a la Robótica. En la actualidad, el Dr. Peñaloza aún no cuenta con el apoyo de las universidades e instituciones mexicanas para desarrollar sus investigaciones en su empresa Mirai Innovation, situada en Tijuana, aún con reconocimientos internacionales como ser nombrado “innovador del año” por el Massachussets Institute of Technology (MIT).

Por otro lado, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, reveló que en el CONACYT se permitieron desvíos mayores a los 450 millones de pesos de la Estafa Maestra, además de revelar que entregaron becas a empresas extranjeras sin que comprobaran resultados de las supuestas investigaciones financiadas, de acuerdo a algunas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

La situación actual que ha permeado la corrupción hasta en las entrañas de las instituciones culturales y educativas, requiere de un cambio sustancial en la legislación en el otorgamiento de becas para determinar y consolidar los mecanismos de financiamiento del actual Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para promover, fomentar y proteger las diversas formas sociales del conocimiento humano, incluyendo los procedimientos de consulta previa con pueblos y comunidades indígenas como lo propone la senadora Ana Lilia Rivera, con el fin de transparentar y promover los proyectos de investigación científica con visión a largo plazo para el servicio público y terminar con la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos que atentan en contra del desarrollo y crecimiento de la nación.

Es por esta razón que hay “intereses particulares” que se ven amenazados ante la propuesta de la senadora con la falacia de que el CONACYT se conviertá en el único órgano de consulta para asesorar a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los órdenes de gobierno en materia de generación de conocimiento y de “limitar la participación ciudadana en los temas científicos”. Al contrario de las falacias anteriormente citadas, la propuesta de la senadora busca una institución pública descentralizada del Estado mexicano para promover la investigación y la innovación científica en manos de las y los mexicanos. h

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