Designó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un enlace con integrantes del Movimiento Policial de Tlaxcala, a efecto de revisar diversos aspectos violatorios de derechos fundamentales contenidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado y sus Municipios reformada en noviembre de 2014, que, entre otras cosas, criminaliza las manifestaciones de los agentes y les quita certeza laboral.
José Guadalupe Ballesteros Arellano representante del Movimiento Policial, pidió la intervención del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, a fin de que se analice el contenido de dicha norma para que se puedan hacer observaciones y en su caso recomendaciones que lleven a hacerle nuevas modificaciones a favor de los policías.
“quienes hay que recordar, antes de ponerse un uniforme son humanos y también tienen derechos”, expresó el policía estatal
De acuerdo al policía estatal que en 2011 encabezó una manifestación para exigir mejores condiciones laborales para sus compañeros al Gobierno del Estado – y que mantiene un juicio laboral –, aprovechó la visita que el lunes pasado hizo el presidente de la CNDH a Tlaxcala en la que se reunió con organizaciones de la sociedad civil, para plantearle las inconsistencias que contiene la Ley de Seguridad.
“Surgió el comentario respecto a que somos el único estado que tiene una Ley que impide a los policías manifestarse, haciendo esto una situación que se vuelve violatoria de sus garantías (…). Ya hubo un pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese sentido y el ombudsman nacional dijo que va a retomar el caso y nos asignó una persona como enlace para tratar ese asunto, que también incluye otro tema violatorio como lo es el de la carga horaria” de 12 por 12 horas, expuso en entrevista.
Consideró que la actual Ley Seguridad Pública del Estado y sus Municipios fue aprobada por el Congreso local a modo del gobernador Mariano González Zarur, para evitar un nuevo levantamiento de agentes de seguridad como el de inicios de su administración, el cual fue aplacado mediante la participación de fuerzas federales, la detención de más de 80 elementos estatales y la persecución judicial de los líderes que estuvieron encarcelados por diferentes lapsos.
En su momento, la iniciativa que envió el mandatario estatal al Poder Legislativo, lleva la finalidad de modernizar el ramo de la seguridad pública, ya que hace falta una nueva Ley que sustituya a la existente; “requiere que se le incorporen los nuevos principios y reglas que permitan a las autoridades imprimir mayor eficacia en la salvaguarda de la integridad, la paz, los derechos y la seguridad de las personas”.
Por lo demás, Ballesteros Arellano sostuvo que son constantes las quejas por las condiciones laborales de los efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad, pues no existe el personal suficiente para combatir los índices de inseguridad que hay en Tlaxcala, el gasto económico para trasladarse es mayor, pasan menos tiempo con sus familias, además de que la aplicación de los exámenes de control y confianza son subjetivos y también pueden ser objeto de revisión.
Y explicó que otro aspecto de riesgo para los tlaxcaltecas en general y los policías en particular, es que llegan elementos a darse de alta en el Instituto Técnico de Formación Policial y están ahí por tres o cuatro meses, pero después no aprueban sus exámenes de confianza y los conocimientos que ya adquirieron pueden ser empleados en contra del propio Estado, de ahí que la estrategia de las autoridades es equivocada “pues por un lado intentan tapar un hoyo, pero abren otro”.
